Es indudable que la actitud y la percepción del Gobierno Nacional, un día como hoy y en los últimos 15 días, ha sido de profunda negligencia, de estar de espaldas a la realidad cotidiana de la ciudadanía colombiana. Y no me voy a referir solamente al fondo de la reforma política, de esta nueva ley que se está poniendo a consideración del congreso, ni a la coyuntura real y tangible de tener un vacío de 26 billones de pesos que afectan el erario público de Colombia y de la mayoría de países de América Latina a partir de la pandemia y la desaceleración de la economía, sino a la necesaria percepción simbólica, semiótica y de palabra, que deben tener los gobiernos con situaciones tan dramáticas como las que vive hoy gran parte de la clase media, baja pero también la clase alta, precisamente por la situación económica generada por la pandemia pero con otro tipo de detonantes.
Lamentablemente tanto las palabras, la semiótica, como los imaginarios que transmite el gobierno del presidente Iván Duque, el ministro Carrasquilla—más allá de las anécdotas o los episodios—es de encerramiento, de sustentación cerrada a que la reforma y la ley es la única solución para esta circunstancia.
Es lamentable que ayer el país haya tenido protestas masivas, pacíficas, y además con los debidos protocolos de bioseguridad que no generaban ningún tipo de dificultadad—aunque no era lo deseable, máxime este tercer pico de pandemia que nos ha llevado a cifras de contagios y muertes tan elevadas— y que fueran los videos y fotos del vandalismo protagonizado en varias ciudades del país los que se robaron el show de la opinión pública, en lo mediático, en las redes sociales, en los canales y chats de comunicación, donde el pueblo colombiano percibió más aquella protesta e incluso el sonoro cacerolazo nocturno como algo opacado por este vandalismo y violencia. Yo creo que movimiento de protesta lo primero que debe hacer es una manifestación pública, vehemente y clara de que no hay vínculos políticos con ningún candidato aspirante a senador o líder político de centro, izquierda o derecha. Segundo, como ha ocurrido en otros países de América Latina donde ha habido protestas como Chile, México o Perú, deberían buscar tener un acompañamiento de veedores y de grupos que puedan dar fe y testimonio de que hay una protesta pacífica y que no hay vínculo alguno con el vandalismo. Tercero, los actos simbólicos de desagravio como ocurrió en Cali y en Medellín con algunos saqueos y robos también permiten resarcir la reputación de quienes son movilizantes pacíficos en una manifestación pacífica.
Creo que esta coyuntura específica de la reforma política, teniendo en cuenta los números de las más recientes encuestas sobre la aprobación de ese proyecto de ley, aunque hable del subsidio humanitario a los colombianos, aunque traten de edulcorarla desde una profunda desaprobación compromete indudablementa—a 10 meses de las elecciones al Congreso—la postura de los legisladores y los dirigentes políticos que buscarán el poder en el Congreso, la Presidencia de la República y también las elecciones regionales de octubre del 2023. A pesar de que hay un vacío tangible de 26 billones de pesos, esta reforma llega en un momento de desaceleración, donde hay misería, hambre, descrédito y desaprobación del presidente Iván Duque y marca un punto de quiebre fuerte, sobre todo con los gobiernos uribistas.
Me atrevería a decir que hacia el 2022 se termina o casi que se cede la posibilidad de que un gobierno, digamos uribista pura sangre, gobierne a Colombia en el próximo período. Tendrá que ser un gobierno de centro-derecha o de izquierda el que llegue al poder, por la forma en la que veo el movimiento de opinión y por la actitud que está teniendo la Casa de Nariño, en cuya negligencia y resistencia a comunicar mejor y a generar mesas y espacios de concertación trata de generar todo con un tono de imposición.
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